El defensor del Pueblo defiende su papel de verificador del cese del fuego bilateral. También insiste en que la Fuerza Pública no se puede cruzar de brazos si está de por medio la protección constitucional de la población civil. Con ejemplos, muestra dónde los ilegales han violado el compromiso.
Valoramos el esfuerzo de ‘paz total’ que está realizando el Gobierno Nacional y ponemos al servicio todo el conocimiento y la experiencia con los que cuenta el Sistema de Alertas Tempranas
Señor defensor del Pueblo, ¿por qué en los decretos del cese bilateral del fuego no aparece la Defensoría como un natural verificador de su cumplimiento?
Es importante precisar que la Defensoría no forma parte del mecanismo de veeduría y verificación del cese del fuego bilateral que se ha establecido con cuatro grandes estructuras. Sin embargo, no necesita invitación para hacer seguimiento a un proceso de paz o negociación, porque, según la Constitución, es un órgano de control de respeto por los derechos humanos.
Es decir que usted normalmente tiene que cumplir esa función de veedor. ¡Es que hoy parece que nadie la está haciendo!
Valoramos el esfuerzo de ‘paz total’ que está realizando el Gobierno Nacional y ponemos al servicio todo el conocimiento y la experiencia con los que cuenta el Sistema de Alertas Tempranas, hijo del proceso de paz, que se ha posicionado como la principal herramienta de monitoreo, seguimiento y prevención del Estado colombiano. A través de todos esos procesos de monitoreo, de advertencias y de seguimientos a los escenarios de riesgo en el país, el Sistema de Alertas Tempranas ha emitido desde diciembre del 2017 260 en 32 departamentos y en más de 364 municipios, principalmente en Antioquia, Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Nuestra misión se ha fortalecido y hoy tenemos el privilegio de contar con un equipo de 56 analistas regionales, 18 analistas de seguimiento y nueve analistas nacionales, distribuidos en las 42 sedes regionales que se encargan de esa labor de monitoreo de los escenarios de riesgo en cada territorio.
Hablemos concretamente de lo que está sucediendo. Tengo entendido que la veeduría de las Naciones Unidas se ha quejado de que no tiene funciones precisas. Ya le pusieron unas como cuidar el ingrediente étnico del acuerdo, pero no se ve precisa la obligación de verificar que los compromisos del cese bilateral se estén cumpliendo. Entonces, preocupa mucho lo que viene pasando. Municipios tomados por las Farc, por ejemplo, donde carnetizan a la población. ¿Eso no es una violación del cese bilateral?
Es muy importante esa inquietud. Teniendo en cuenta que no tenemos que ser invitados a través de un decreto, seguimos monitoreando y verificando de manera ininterrumpida, y le voy a poner varios ejemplos de manera puntal, desde el mismo 1.º de enero, cuando entró en vigor el cese bilateral. Unos hechos los encontramos el 3 de enero, siendo cerca de las cuatro de la mañana, cuando se registró un hostigamiento contra la estación de policía en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, por medio de disparos realizados con ráfagas de fusil, al parecer, por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
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¿Cómo saben que forman parte de los grupos que sí firmaron el cese del fuego con el Gobierno?
A través de nuestro sistema integral, que ya hoy nos entrega en tiempo real todas las ocurrencias de situaciones de vulneración de los derechos humanos, y lo informamos a la entidad competente, la Fiscalía General de la Nación, para que esclarezca los autores materiales de esas situaciones.
¿Cuáles otras posibles violaciones al cese del fuego han encontrado?
La del 9 de enero. Según lo reportado por la policía del departamento del Cauca, los hechos se presentaron a las once y cuarenta y cinco de la noche, cuando se escucharon ráfagas de fusil contra las instalaciones de la estación de policía de Corinto. Luego, el 11 de enero, siendo aproximadamente las cuatro y treinta de la tarde, fue secuestrado el sargento segundo Juan Gabriel Chicanoi, quien para el momento de los hechos estaba de permiso y viajaba en un bus de civil.
Ya lo liberaron, pero el Ejército fue muy enfático en decir que esto habían sido las disidencias, y que era un acto contra el derecho internacional humanitario, pero en ningún momento se atrevieron a decir que era una violación al cese bilateral del fuego. ¿Ya no nos atrevemos ni a eso?
Nosotros nos encargamos de visibilizar, de monitorear todas esas situaciones de vulneración de los derechos humanos, y es la Fiscalía la que determina si, efectivamente, está dentro del cese del fuego bilateral con las cuatro estructuras armadas con las que fue pactado.
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¿En qué consiste el monitoreo que hace la veeduría?
En el marco de todo este monitoreo que venimos realizando está: uno, un eje de monitoreo permanente de posibles acciones bélicas que involucren a la Fuerza Pública y a los grupos que pactaron el cese, y de sus posibles impactos humanitarios sobre la población civil. Para ello venimos utilizando dos instrumentos: primero, los reportes en tiempo real o de manera periódica, reportes de Defensoría quincenales, con el balance del monitoreo, con el firme propósito de tener a una ciudadanía informada. Segundo, la emisión de las alertas tempranas, que son el principal mecanismo preventivo que tiene el Estado para lograr mitigar y para prevenir los riesgos de posibles violaciones a la vida, a la integridad, a la seguridad y, por supuesto, al derecho internacional humanitario. Venimos haciendo la presentación de una base cartográfica de los escenarios de riesgo advertidos en nuestras alertas tempranas, que involucran a los cuatro grupos objeto del cese bilateral. Tercero, la realización de millones de monitoreos in situ, como lo venimos haciendo en Nariño, Chocó, norte del Cauca, Guaviare. El propósito es dar cuenta de los impactos humanitarios, sin perjuicio de que también formulemos recomendaciones al Gobierno Nacional para afianzar las garantías de los derechos humanos en el territorio.
El hecho más grave de las últimas horas son quizás los sangrientos enfrentamientos en Arauca entre el Eln, que no firmó el cese del fuego bilateral, y las disidencias de las Farc, que dizque sí. Entonces, los escenarios son estos: los segundos podrán decir que se comprometieron a no atacar a la Fuerza Pública, y que están atacando es al Eln, pero a su vez, la Fuerza Pública tiene la obligación constitucional de proteger a la población no combatiente que está de por medio en esta guerra. En su opinión, y esta es una pregunta muy concreta, ¿la Fuerza Pública podría intervenir de manera ofensiva en esos enfrentamientos para poder acabarlos?
¿Cuál es la función constitucional de la Fuerza Pública? Usted lo ha dicho: proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Y lo deben hacer con acciones tanto de tipo ofensivo como defensivo. Hacerle frente a cada una de estas situaciones de vulneración a los derechos humanos. Es la humilde opinión que yo puedo dar.
La situación sigue siendo muy confusa para ellos. Si por defender a la población un soldado o un policía termina disparando contra una disidencia, o ‘Nueva Marquetalia’, o ‘clan del Golfo’, o ‘Pachenca’, ¿quién le garantiza que el día de mañana no lo acusen de haber violado el cese del fuego bilateral?
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Los grupos armados ilegales tienen que honrar el cese del fuego bilateral y actuar de buena fe, si le dijeron al Gobierno Nacional que acogen la propuesta de ‘paz total’
Ellos son cuidadosos y respetuosos de las normas del derecho internacional humanitario, pero los grupos armados tienen que entender que no pueden actuar de manera deliberada cuando están honrando la palabra del cese del fuego bilateral. Pero por lo visto poco la están honrando…
Entendemos que frente a estos grupos armados ilegales, en disputa por el control territorial y social, y, sobre todo, de las rutas del narcotráfico y del desarrollo de las actividades ilícitas de minería ilegal y contrabando, la Fuerza Pública debe honrar su función constitucional para la cual está concebida. Los grupos armados ilegales tienen que honrar el cese del fuego bilateral y actuar de buena fe, si le dijeron al Gobierno Nacional que acogen la propuesta de ‘paz total’.
No puede alegarse que hay buena fe del Eln cuando, de un lado, están sentados en una mesa de conversaciones mientras, por el otro, están matándose con las disidencias de las Farc por un poco de rutas y de cultivos…
Ese es el corolario de todo lo que está ocurriendo. Mientras el Estado está actuando de buena fe, acogiendo el tema de un proceso de negociación y de diálogo, los grupos armados ilegales están buscando la manera de ver cómo se expanden y cómo consolidan sus rutas del narcotráfico y de todas las actividades ilícitas. De manera que la Fuerza Pública debe actuar con vehemencia porque no puede seguir en permanente riesgo la población civil.
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¿Usted, honestamente, cree que la Fuerza Pública está en capacidad de distinguir en un territorio donde se encuentran delinquiendo de manera traslapada los diferentes grupos quiénes son los que están con el cese del fuego, quiénes los que no, quiénes están en diálogo, quiénes no?
Esa es una de las bondades del sistema de alertas tempranas: señalar cuáles son los riesgos que están ahí inmersos. Las recomendaciones que emite la Defensoría son de obligatorio cumplimiento, seguimiento y verificación permanentes.
¿Y usted, por ejemplo, hizo sonar las alarmas tempranas para esta matazón en Arauca?
Por supuesto, tenemos cuatro alertas tempranas vigentes. La 023 del 2021, que enmarca los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte. Todos los municipios del departamento de Arauca están advertidos por la Defensoría del Pueblo con sus alertas tempranas.
¿Y no tuvieron ninguna respuesta?
Por eso insisto: necesitamos un mejor y mayor cumplimiento, por parte de las autoridades, de cada una de las recomendaciones a las distintas instituciones, para así lograr prevenir toda esta serie de riesgos que vienen siendo advertidos y visibilizados por la Defensoría.
Y los demás veedores, ni pío…
Nuestro papel no es de hoy, viene desde ayer. Tenemos los protocolos listos, venimos monitoreando todas las situaciones. Pero muy importante también es ese tema de las autoridades del orden local y regional, (no me quiero meter con las nacionales), que son relajadas frente a las recomendaciones; ellos tienen que tomar cartas en el asunto y atender las recomendaciones.
Lo veo muy activo y preocupado, y lo felicito, porque necesitamos ese tipo de funcionarios…
Muchas gracias. Me da ánimo e impulso para seguir en esta tarea. Es nuestro compromiso y seguiremos con todo el entusiasmo.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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