Al gobierno entrante le quedan grandes retos por asumir. El primero de ellos es el de reducir las muertes en accidentes de tránsito. Para ello, hay mucha letra escrita y legislación pendiente, pero más que eso se necesita voluntad política.
El gobierno Duque radicó en el Congreso un proyecto de ley para que Colombia adhiera al Acuerdo de 1958 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual fija el marco legal en el que los países participantes acuerdan un conjunto de normas y estándares mínimos para garantizar la seguridad de los ocupantes de vehículos y motocicletas, la protección del medioambiente, la eficiencia energética, entre otros objetivos. En principio, esta tarea le queda al Congreso.
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Pero aunque un país adhiera a este acuerdo, este no es de obligatorio cumplimiento y los Estados por iniciativa propia pueden incorporar estándares mínimos de seguridad en los carros. Además, hay unos plazos para que dicho acuerdo entre en vigor, y previamente Colombia tendría que armonizar y unificar todas las regulaciones relacionadas con la seguridad vial vehicular. Por tratarse de muchas normas técnicas y de estándar mundial que ya existen, además de racionales en la mayoría de sus puntos, más que cambios u otras opiniones, el nuevo gobierno lo que debe es implementar bien todo y no ponerse a inventar y hacer un Código de Tránsito que recoja todo y sea una verdadera hoja de ruta.
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Debe ser muy difícil porque van como tres gobiernos que no han podido escribir la primera línea. ¿Podrá este?
En el papel quedan muchas acciones por realizar. Una de ellas es la de implementar el ‘sistema seguro’, cuya piedra angular “son las carreteras y las bermas seguras, los usuarios, las velocidades, y los vehículos seguros, de tal manera que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito.
7.238 personas murieron en siniestros de tránsito
en 2021. La meta para 2031 es reducir esa cifra a la mitad
Y un menudo lío que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es qué va a hacer para controlar el tránsito y el cumplimiento de las normas. El problema es que en más de la mitad de los municipios no hay autoridades de tránsito, con el agravante de que la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana del presidente Duque le quita esas funciones a la Policía Nacional.
De otro lado, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 que deja el actual gobierno para reducir de 14,2 a 7,1 por ciento la tasa de fatalidades por cada 100.000 habitantes para 2031 tiene serios reparos de expertos y de la comisión de empalme, que pidió revisarlo antes de aprobarlo.
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Por último, aún no se sabe si se va a regular el mototaxismo, los bicitaxis y el trabajo en motocicletas (domiciliarios y mensajería).
REDACCIÓN VEHÍCULOS
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