Pese a cuestionamientos y acciones provenientes del Gobierno Nacional en contra la Registraduría Nacional del Estado Civil en las últimas semanas, la autoridad electoral es la segunda institución pública en la que más confían los jóvenes de Colombia.
Conforme a los criterios de
Así lo revela el décimo estudio de percepción de jóvenes, hecho por Cifras y Conceptos y realizado por la alianza de la Universidad del Rosario, la Fundación Hanns Seidel, EL TIEMPO y Acdi/Voca, esta última únicamente para el capítulo de participación política.
Uno de los ejes de la encuesta fue la pregunta sobre la confianza en las instituciones. Además de las universidades, que ocupó el primer lugar, en el ranking de mayor receptividad también lideró la Registraduría, con una confianza del 70 por ciento y desconfianza del 28 por ciento.
El ranking de las entidades con mayor confianza lo completan las Fuerzas Militares (57 por ciento), Defensoría del Pueblo (57 por ciento), Fiscalía General (49 por ciento), las alcaldías (48 por ciento), las gobernaciones (48 por ciento), Procuraduría (48 por ciento) y Contraloría (46 por ciento). La Presidencia figura en el lugar número 11 con 46 puntos de confianza y 52 por ciento de desconfianza.
Por el contrario, los últimos cinco lugares en cuanto a aceptación los ocupan los medios de comunicación, el Congreso, los líderes religiosos no católicos, los influencers y los partidos políticos. Todos ellos no superan el 32 por ciento de confianza.
Las tensiones con el Gobierno
Varios sectores se han prendido las alarmas por las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que dirige Cielo Rusinque y el Gobierno en sí contra la autoridad electoral a poco menos de dos años de las elecciones.
La imputación de cargos de la SIC a nueve funcionarios de la entidad fue lo más reciente debido a que supuestamente no atendieron los requerimientos del ente liderado por Rusinque para recolectar pruebas por un supuesto irrespeto en la libre competencia en la adjudicación de contratos para la realización de las elecciones atípicas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre el impacto que puede llegar a tener las acciones iniciadas por SIC) por posibles violaciones a la competencia. La veeduría advirtió que pueden ser contraproducentes a la credibilidad de las elecciones de 2026.
Además, hubo polémicas alrededor de un contrato para la prestación de los servicios logísticos y tecnológicos en materia electoral adjudicado a la unión temporal de la que hace parte la firma Thomas Greg & Sons.
Según el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, el proceso habría carecido del acceso plural de oferentes afectando el cumplimiento de los principios de la contratación estatal e incluso denunció a la Registraduría ante la Fiscalía y la Procuraduría.
No obstante, el registrador Hernán Penagos aseguró que se cumplió rigurosamente con la ley. “Se dio la oportunidad para que proponentes no solamente nacionales sino extranjeros participaran y se flexibilizaron los requisitos. Ahora bien, que se haya presentado un proponente escapa a las competencias de la Registraduría y del equipo técnico de veinte personas”, le dijo a EL TIEMPO.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política