La decisión de barajar nuevamente la lista de elegibles para la Contraloría General desató un revolcón al interior del nuevo Congreso. El presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber “extralimitado sus funciones”.
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En la demanda piden que los presidentes de las dos cámaras del Congreso sean investigados por concusión, prevaricato, tráfico de influencias y concierto para delinquir, por presuntamente haber violado la ley con la elección de una nueva lista de candidatos a contralor.
Hace unos días ambos congresistas habían señalado que la lista debía ser recompuesta tras la renuncia de Karol González (esposa del exsecretario de Gobierno, Enrique Gómez) a la aspiración como nuevo contralor de la República, pues con su retiro, solo quedaron nueve elegibles finalistas.
“La presidencia de Senado y la Presidencia de Cámara decidimos convocar a una nueva comisión accidental para poder subsanar la vacante que hay en este momento en la terna, pero que realmente son 10 para elección del contralor en la Cámara de Representantes. Va en la misma vía del oficio que firmamos de extender los plazos para poder escoger definitivamente al contralor”, señaló Racero el pasado 27 de julio.
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Barreras y Racero argumentaron que se debe garantizar que el proceso de elección en el Congreso cumpliera con “los criterios de transparencia, mérito y género en este proceso”.
Adicionalmente, el presidente de la Cámara alta aseguró que la fecha de elección del nuevo contralor, que estaba prevista inicialmente para el 3 de agosto, se aplazaría hasta el próximo 18 de agosto para así “recomponer” la lista de elegibles e incluir nuevos nombres de candidatos.
Esta nueva denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia para juzgar a los congresistas, podría resultar en que Barreras y Racero asuman una investigación que enreda el proceso de selección del nuevo contralor.
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Ambos presidentes de las cámaras podrían perder sus curules y además las decisiones tomadas quedan sin sustento, pues la demanda radicada expone que la ley 1904 de 2018 establece que “en caso de presentarse algunas de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al contralor general de la República”.
Es decir, según el demandante, el proceso de elección del nuevo contralor debería surtirse con los candidatos restantes y sustenta que con la decisión de la creación de una nueva comisión accidental para hacer una nueva lista de elegibles se presentando una violación a la norma.
Hasta el momento la Corte Suprema no ha aceptado la demanda, pero si lo hace Barreras y Racero tendrán que asumir el proceso penal y la bajara para la nueva lista podría tener nuevos obstáculos. Lo cierto del asunto es que el Congreso está en la tarea de elegir al nuevo contralor general en menos de 20 días y cualquier decisión podría dejar en vilo la decisión.
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“La Constitución ordena que se elija por el Congreso entrante, de la lista que elabora el Congreso saliente en el primer mes, y eso vence el 20 de agosto”, señaló Barreras.
REDACCIÓN POLÍTICA
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