El senador Carlos Fernando Motoa rechazó el nuevo intento del Gobierno Nacional de quitarle a la Procuraduría la posibilidad de sacar de su cargo a funcionarios elegidos por voto popular. “No se pueden quitar dientes ni herramientas a las instituciones para luchar contra la corrupción”, dijo.
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En un concepto de 15 páginas, conocido por EL TIEMPO, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) dejó consignada su aprobación, con observaciones, de un proyecto de acto legislativo, aún no radicado en el Congreso, que el Ministerio de Justicia prepara para quitarle a la Procuraduría la posibilidad de sacar de su cargo a funcionarios elegidos por voto popular.
Sobre esto, el senador de Cambio Radical manifestó que “dentro de las funciones del Consejo de Política Criminal no está conceptuar sobre esas reformas constitucionales que tienen como principio suprimir competencias de un órgano administrativo. Ya que, como su nombre indica, es una entidad que existe para establecer políticas públicas en materia penitenciaria y contra la criminalidad, no para quitarle funciones a la Procuraduría“.

Procuraduría / Presidencia
Además, recordó que la Corte Constitucional avaló las facultades de la Procuraduría para proferir estas sanciones, “estableciendo claramente las competencias que tiene la Procuraduría para investigar y sancionar funcionarios de elección popular, previa valoración de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa es la línea de la Corte, misma que respetará el Congreso de la República y que deberían respetar en el Ejecutivo”, indicó.
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Asimismo, respaldó a la Procuraduría ya que “es una entidad con un propósito y un objetivo, que es luchar contra la corrupción y eso es lo que ha ocurrido con muchos funcionarios de elección popular. No se pueden quitar dientes ni herramientas a las instituciones para luchar contra la corrupción. Eso es lo que dicta nuestra Carta Política y se deberá respetar por el Congreso”.
Esta idea ha sido uno de los motivos que más roces ha generado entre el Gobierno y el Ministerio Público, pues el Ejecutivo ha insistido en su postura sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dice que los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular solo pueden ser limitados por una condena penal. Ese fallo se dio en un caso del hoy presidente Gustavo Petro, quien en su momento, como alcalde de Bogotá, fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.
De hecho, EL TIEMPO consultó al representante del Pacto Histórico Heraclito Landinez, quien asegura que la anterior sentencia le dio la razón al jefe de Estado: “este proyecto de acto legislativo reconoce la sentencia de la Corte Interamericana y lo incluye en la Constitución. La Procuraduría no puede, por ser un órgano de carácter administrativo, cercenar el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos. Por tanto, este proyecto de acto legislativo es legítimo y contará con todo el apoyo el Pacto Histórico y las bancadas demócratas que nos acompañan en este Congreso“, manifestó.
Juan Pablo Penagos Ramírez
REDACCIÓN POLÍTICA
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