La intención del Gobierno de incrementar de forma importante la renta petrolera, como lo propone el proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro, que a través del rubro de recursos del subsuelo (impuesto a las exportaciones y no deducibilidad de regalías), busca un recaudo adicional de 7 billones al año provenientes de este sector, frenaría en seco la actividad de exploración y producción de gas natural y petróleo.
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Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), con los planteamientos hechos en el documento que fue radicado para discusión en el Congreso, la carga fiscal del sector de gas y petróleo llegaría al 80 por ciento, aspecto que comprometería la viabilidad de proyectos de exploración y producción, incluidos los contratos existentes ya firmados (son 180), que requieren de inversión para el hallazgo de nuevos recursos y el desarrollo de reservas que extiendan la autosuficiencia y soberanía energética.
“Vale la pena resaltar que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada”, recalcó la agremiación que preside Francisco José Lloreda.
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Y reiteró, como lo han señalado otros expertos, que una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de exploración y producción pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma tributaria.
Reiteramos nuestra disposición para continuar el diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza del señor Ministro de Hacienda, con el Congreso de la República, en cabeza de su Presidente, y con la Ministra de Minas y Energía, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria.
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