Hace casi tres décadas, las integrantes de la Unión Patriótica (UP) y sobrevivientes del exterminio de ese partido político Aída Avella y Jahel Quiroga, a través de la Corporación Reiniciar, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) distintas violaciones a los derechos humanos sufridas por integrantes de su agrupación política.
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Luego de que en 2018 esa Comisión le recomendó a la Corte IDH declarar la responsabilidad del Estado por estos hechos y reconoció que cerca de 6.000 militantes de la UP fueron víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos, el próximo lunes en la mañana, el fallo de la Corte pondrá fin a la espera en este caso que enfrenta a ambas partes.
El optimismo prima en la UP, como le dijo la actual senadora Jahel Quiroga a este diario: “Esperamos que el fallo declare la responsabilidad del Estado por el exterminio de la UP y repare a las víctimas”.
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Según ella, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez están comprometidos con “el cumplimiento de las sentencias”.
Además de reparación monetaria a las víctimas y sus familiares, el secretario general y representante a la Cámara de la UP, Gabriel Becerra, prevé que el fallo repare al partido político por los asesinatos de candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes y concejales.
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“Yo quiero dejar un mensaje de reflexión al conjunto de la sociedad colombiana sobre el significado de este fallo: nos recuerda que en Colombia se cometieron hechos aterradores contra unos ciudadanos cuyo único delito fue pensar distinto a los sectores de la clase dominante. Eso que significó para América Latina y para el mundo una condena al Estado, como esperamos que sea, por exterminio político, no puede volver a pasar. Ni para la izquierda ni la derecha ni los comunistas ni los liberales ni conservadores”, agregó Becerra.
“Es tal vez la primera condena de esa dimensión que un tribunal internacional va a proferir contra un Estado, por lo menos en el Sistema Interamericano”, aseguró, por su parte, el senador Iván Cepeda, quien recordó que, en un caso relacionado con estas denuncias, su padre fue asesinado por el Estado y los paramilitares.
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“Es un acto de justicia muy significativo que un tribunal internacional condene al Estado colombiano por esos hechos (…), creo que es una sentencia que no tiene precedentes en la historia”, puntualizó el congresista.
Santiago Carmona Caraballo
REDACCIÓN POLÍTICA
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