Nikenike Vurobaravu preside un país pequeño con una gran influencia en la diplomacia climática.
El aumento del nivel del mar amenaza la existencia misma de Vanuatu, su nación insular del Pacífico, y su población de 300 mil habitantes. Su mejor defensa, dijo, es alzar la voz de manera creativa en las conversaciones diplomáticas internacionales.
La idea de que los países industrializados deberían pagar por los daños irreversibles causados por el clima que enfrentan los países en desarrollo surgió de Vanuatu en 1991. El mes pasado, en las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas en Egipto, se llegó a un acuerdo —después de 30 años de negociaciones— para establecer un fondo con el fin de ayudar a los países pobres a lidiar con las pérdidas y los daños climáticos.
A principios de este año, Vurobaravu exigió un “tratado de no proliferación” de combustibles fósiles en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Y ahora, quiere que el Tribunal Internacional de Justicia, el máximo organismo judicial del mundo, con sede en los Países Bajos, evalúe si los gobiernos tienen “obligaciones legales” de proteger a las personas de los peligros climáticos y si el incumplimiento de esas obligaciones podría traer “consecuencias legales” bajo las leyes internacionales existentes —esencialmente, pidiéndole al tribunal que diga si los países pueden ser demandados por inacción climática.
Como país pequeño que históricamente no ha tenido importancia, como dijo Vurobaravu, Vanuatu ha aprendido a innovar. “Si tratas de proceder de la manera en que otros hacen las cosas, creo que no habríamos llegado muy lejos”, dijo.
Un proyecto de resolución que solicita una opinión legal del tribunal ha sido copatrocinado por otros 17 países, incluyendo al menos una nación industrializada con una gran porción de emisiones históricas: Alemania. Ni Estados Unidos ni China lo han respaldado.
La resolución de Vanuatu se sometió a discusión en noviembre en la Asamblea General. Se esperan negociaciones durante los próximos meses, con una votación potencialmente a principios de 2023. Para ser adoptada, la resolución necesita una mayoría de los 193 países miembros de la Asamblea General. Los votos de las superpotencias y las naciones pequeñas cuentan por igual.
La idea surgió de un grupo de estudiantes de derecho hace cuatro años, dijo Vurobaravu. Para entonces, la capital de Vanuatu había sido azotada por un ciclón de categoría 5, Pam. Pueblos enteros fueron arrasados. Los cultivos fueron destruidos. Un sistema de alerta temprana ayudó a mantener bajo el número de muertos: 11 personas murieron.
Los ciclones de categoría 4 y 5 ahora son comunes, y la temporada de ciclones también es la temporada de siembra para los campesinos de subsistencia de Vanuatu. Ya se han reubicado seis aldeas en cuatro islas. El agua potable se ha vuelto salina y las aldeas ya no son habitables. Los ciclones y las aguas oceánicas más cálidas han destruido los arrecifes de coral y los peces de los que subsistía mucha gente.
Vurobaravu tiene 72 años y tiene dos nietos. “Los impactos del cambio climático son cada vez peores”, dijo. “Cuando miro sus rostros y pienso en cómo será cuando tengan 20, ¿cuándo tengan 30?”.
La campaña por una opinión legal se complica por la geopolítica. Pero Vurobaravu dijo que no estaba preocupado por la presión de los países ricos para abandonar la campaña.
“¿Si nos amenazan, nos detenemos?”, preguntó. “¿Esto se detendrá? Lo dudo”.
Por: Somini Sengupta
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