De aprobarse la iniciativa que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el miércoles pasado ante la Cámara de Representantes para su discusión, a los propietarios de municipios que tienen desactualizado el catastro se les establecen topes de entre 50 y 300 por ciento de aumentos en impuesto predial con respecto al pago del año anterior, según sea el valor del inmueble e independiente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales.
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El proyecto desató una controversia en la que sectores como comercio y construcción plantearon la posibilidad de un golpe adicional a la actual desaceleración económica, y el Gobierno señaló que no afecta a todos los predios y será un alivio para quienes pagan ese tributo.
El efecto se sentirá en predios o inmuebles que no han sido actualizados catastralmente desde hace años. En esta condición está casi el 90 por ciento del país, pues hoy la actualización catastral con enfoque multipropósito es de poco más de 9,6 por ciento.
Capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué ya están actualizadas catastralmente por lo que no les repercutiría este proyecto, salvo en casos excepcionales.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señaló que los incrementos en los costos asociados a la propiedad de la vivienda y más a la de interés social son un desincentivo a la inversión de los hogares.
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Frente a las críticas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el proyecto representa un alivio, pues en las actuales condiciones, si a alguien “le incrementaron el avalúo catastral en el 1.000 por ciento, el impuesto predial podría subir hasta el 1.000 por ciento”. Con el proyecto se crean “los alivios necesarios y están manejados en una tabla que establece los avalúos más claros y permite que todos los consejos municipales y las alcaldías organicen el pago del impuesto predial una vez entre en vigencia”.
El proyecto radicado por los ministros Bonilla y Jhenifer Mojica Flórez, de Agricultura y Desarrollo Rural, indica que a los predios de menor valor, 135 salarios mínimos, unos 156,6 millones de pesos a precios de este año, el tope del incremento será del 50 por ciento.
También tendrán el mismo límite los predios rurales con similar avalúo catastral destinados a vivienda o comercio o de soportes de infraestructura; producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección.
El pago entraría en vigencia el año siguiente al que se haya realizado la actualización catastral, y en los casos en los que los ciudadanos no estén de acuerdo con los avalúos, la carga de la prueba estará a cargo de la administración pública, dice el proyecto.
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Un grupo de trabajadores de la máxima autoridad catastral va localizando manzanas y tomando las coordenadas de cada predio.
Sergio Acero/El Tiempo
El aumento sería de hasta un 100 por ciento del impuesto de este año para los predios que, en 2023, estaban avaluados entre los 135 y los 250 salarios mínimos mensuales vigentes (hasta 296 millones de pesos).
Para los predios de entre 250 y los 350 salarios mínimos (406 millones de pesos) el aumento podría llegar al 150 por ciento del valor del predial actual. El aumento del impuesto llegaría al 200 por ciento para predios, entre 350 y los 500 salarios mínimos legales vigentes (hasta 580 millones de pesos).
El aumento sería de hasta 300 por ciento para los predios no actualizados, cuyo valor en 2023 superaba los 500 salarios mínimos.
Sobre estos límites, el ministro Bonilla dijo: “Esto lo que les da es tranquilidad y transparencia a los concejos municipales y a las alcaldías para que no presionen el pago del predial aunque los avalúos catastrales se hayan puesto al día”.
El proyecto del Gobierno deja en manos de las administraciones municipales la posibilidad de establecer facilidades de pago para los contribuyentes que sean cobijados por la nueva reglamentación, que en todo caso debe pasar por el Congreso de la República. Y la adopción local, reconoce del Gobierno, debe ser discutida y aprobada por los concejos municipales.
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La iniciativa consta de cuatro artículos y 7 parágrafos en los que se establece cómo se hará dicho ajuste y se especifica bajo qué circunstancias no se aplicarían estos.
En ese sentido, advierte que esa limitación no se aplicará a predios que se incorporen por primera vez a la base catastral, lotes urbanizables no urbanizados y no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.
El recaudo del Impuesto Predial Unificado (IPU) representó el 0,67 por ciento del total el año pasado, menos de lo observado en 2021 cuando fue el 0,8 por ciento.
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Razones del cambio
Entre las motivaciones que impulsan al Gobierno a hacer ese cambio en el predial está que dicho tributo debe aplicarse “conforme a los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad” establecidos en la Constitución, razón por la cual, además, el Estado tendrá que realizar un nuevo avalúo catastral, el cual será la base para aplicar esos ajustes en la medida en que se necesita conocer la realidad económica del predio.
Según el Gobierno, en la actualidad los predios no estarían reflejando esa realidad económica, toda vez que el mismo pudo haberse depreciado o valorado con el tiempo, lo que impide conocer si sobre este se está pagando o cobrando el impuesto justo y equitativo, como lo manda la carta política del país.
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La iniciativa también busca eliminar las excepciones contenidas en la Ley 1995 del 2019
“Si el Estado actualiza el avalúo catastral después de más de cinco años, se genera un impacto significativo sobre la capacidad de pago de los contribuyentes”, advierte el Gobierno en la exposición de motivos para adelantar la discusión de su propuesta.
La iniciativa también busca eliminar las excepciones contenidas en la Ley 1995 del 2019, entre estas que “los predios que figuraban como lotes no construidos y construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada”, con lo cual la actualización catastral que se haga de dicho predio incorporará esos cambios, lo que permitirá clasificarlo en cualquiera de los nuevos rangos previstos en la norma.
Otra de las excepciones que perderá vigencia con esta iniciativa es para los predios que hayan cambiado de destino económico o que hayan registrado modificaciones en áreas de terreno y/o construcción, pues según lo expuesto por el Gobierno en el país hay un volumen muy importante que han cambiado de destinación económica.
Cálculos del Ejecutivo indican que si bien los ingresos municipales y totales, producto del IPU en Colombia es más alto que el de otras economías de Latinoamérica, los mismos son inferiores al promedio de los países de la Ocde (1,1 por ciento).
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dijo que dicha iniciativa “afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.
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Frente a estas posiciones, el ministro de Hacienda dijo que “el proyecto no es un incremento del impuesto predial, el Gobierno no está autorizado para incrementar el impuesto predial, esa es potestad de los concejos municipales. Lo que estamos generando es un alivio para que la actualización del catastro no afecte inmediata y directamente el impuesto predial de los ciudadanos”.
Entre tanto, según Camacol los posibles efectos de ajustes del predial se suman a otros factores: “la inflación, altas tasas de interés y los cambios en la política de vivienda han sido factores que han incidido en las caídas en las ventas y que a su vez han disparado las renuncias, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos”.