Recuerdo hace 11 años, cuando se ordenó por parte del Gobierno la creación de dos flamantes bases de datos para registrar el Imei del móvil de todos los colombianos (la ‘cedula única’ de todo celular) y que esas plataformas serían la punta de lanza “para acabar de una vez por todas con el robo de teléfonos”.
Los colombianos tuvimos que pasar, por largos meses, por la tortuosa tarea de entrar a un sitio web a registrar el numerito de Imei y demostrar así que nuestro teléfono no era robado. So pena de quedarnos sin servicio.
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El presidente de la entonces Comcel me dio una entrevista en la que fue categórico cuando le indagué por la eficacia de la medida: “No va a servir de nada”, dijo.
Una contundente y muy precisa premonición desde la visión técnica que en su momento le costó duras confrontaciones con el Presidente y ministro de turno y que, 11 años después, es tan precisa y clara como lo fue en su momento: no sirvió para nada.
Hoy en día se siguen robando 1’100.000 teléfonos al año y en uno de cada dos de esos hurtos hay violencia: una persona herida o muerta a manos de bandas delincuenciales perfectamente estructuradas en lo técnico y lo logístico para alimentar con sangre su muy lucrativo negocio.
Porque el robo de celulares, como lo advirtió el ejecutivo de Comcel en su momento en el 2012, nunca ha sido un problema de carácter tecnológico o digital.
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Contar con una base de datos negativa, con los Imei de equipos robados no ha funcionado por una razón: menos del 20 por ciento de las personas que son víctimas de hurto de su teléfono reportan el Imei de su equipo.
Tampoco la base de datos positiva, a donde van los Imei autorizados o legales, que alimentan operadores y fabricantes, ha servido.
Al contrario, por efecto del ‘gemeleo’ de esos números, terminan en Colombia bloqueados usuarios legales, metidos en una molestia para lograr que saquen de dicha plataforma el número de identidad de su teléfono legal.
Y han costado más de 100.000 millones de pesos esos sistemas, de plata privada, que nada han logrado contener a los bandidos que, pese a que la ley dice que se paga con cárcel modificar o alterar un Imei en Colombia, no conozco al primero preso por ello.
Como tampoco se ven operativos en grandes centros de acopio de celulares robados en las principales capitales, perfectamente conocidos por todos, con locales y bodegas hasta el techo de celulares robados y sus partes.
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La comercialización de teléfonos hurtados, o de sus partes en talleres de barrio, ocurre ante todos, autoridades y ciudadanía, sin el menor problema. Y Mucho menos reportes de la Policía aduanera que ve cómo salen, por contenedores, celulares robados en Colombia rumbo a Venezuela, Ecuador, Perú. Hasta Paraguay van a dar celulares robados.
Mientras la lucha de fondo en las calles contra las bandas de raponeros, que hacen parte de estructuras organizadas superiores, exportadoras, que surten una cadena comercial y de soporte técnico local, se siga perdiendo desde lo policial, jamás vamos a torcerle el pescuezo a un fenómeno de seguridad ciudadana que alguien creyó que arreglaba con dos bases de datos de Imei.
JOSÉ CARLOS GARCÍA
Editor multimedia de EL TIEMPO
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