Una de las propuestas de la comisión de empalme designada por Gustavo Petro es “lograr la aceptación del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia“.
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La propuesta viene en el paquete de medidas anticorrupción para los primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno, junto a hacer públicas las agendas de altos
funcionarios del ejecutivo y a un inventario de lobistas.
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Cabe recordar que el exmagistrado Iván Velásquez, quien fue elegido como próximo ministro de Defensa, llegó a ser el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2013, que trabajó como un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público en ese país.
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Durante 12 años, el mandato de la comisión guatemalteca contra la corrupción apoyó investigaciones que resultaron en acusaciones contra el expresidente y vicepresidente de Guatemala; el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dos presidentes anteriores, miembros del Congreso y ministros del gobierno, así como la destitución de jueces y agentes de policía y la detención de narcotraficantes.
En 2018, el expresidente de Guatemala Jimmy Morales tomó la decisión de expulsar a Velásquez de ese país. Un año antes, contó el propio ministro designado, lo había declarado como “persona non grata”, ordenando su salida de ese país.
Esa decisión, sin embargo, fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, por lo que el exmagistrado pudo permanecer allí ejerciendo sus labores como investigador especial de las Naciones Unidas. Pero en 2018, tras una salida que tuvo que hacer en septiembre, ya no lo dejaron ingresar al país.
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Fotografía de archivo fechada el 10 de octubre de 2017 del entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez.
¿Qué dicen los expertos?
El gobierno entrante de Gustavo Petro, que comienza el próximo 7 de agosto, ha lanzado algunas propuestas que implicarían profundos cambios a instituciones de la justicia en Colombia como la Fiscalía, y al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría.
El exfiscal general Luis Camilo Osorio señaló que desde su creación el ente acusador tiene capacidades específicas para la lucha anticorrupción y que la historia normativa ha dotado a la Procuraduría de fortalezas para regular la conducta administrativa y disciplinaria de servidores públicos.
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Es de recordar que en una reciente reforma la Procuraduría quedó con facultades jurisdiccionales frente a las personas elegidas por voto popular; esta reforma se hizo para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que señaló que las autoridades administrativas no pueden limitar los derecho políticos de personas elegidas por voto popular.
Esta adecuación ha generado críticas a la entidad pero Osorio recordó que en Colombia hay otras autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales como lo son varias Superintendencias. Por eso mismo, el exfiscal considera que no sería constructivo eliminar la Procuraduría ya que esto sería “despojar al Estado de capacidades para combatir la corrupción”.
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Frente al debate Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), señaló que es un contrasentido desvertebrar la Fiscalía o eliminar la Procuraduría y decir que esto mejorará la lucha anticorrupción puesto que esas instituciones han venido cumpliendo esas funciones.
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