Un nuevo intento para que el Congreso se autorreforme comenzó a abrirse paso esta semana con la conformación de una mesa multipartidista para concertar algunas de estas modificaciones, las cuales no se sabe hasta dónde llegarán.
El jueves, el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda leyó ante el Congreso en pleno una “proposición-declaración, firmada por 65” (de 295) congresistas, con la que buscan darle un nuevo tono a la discusión de este tipo de reformas.
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En el documento se lee que las fuerzas políticas conformaron “una mesa de diálogo para concertar, de manera multipartidista, la reforma al Congreso” en tres áreas específicas.
La primera es la modificación al “régimen salarial” de los congresistas, una de las exigencias más recurrentes de gran parte de la opinión pública y que tuvo alrededor de 11 millones de votos en la Consulta Anticorrupción, en agosto de 2018.
El otro tema, según el documento, es la manera de castigar el “ausentismo” en el Congreso, uno de los males que mayores críticas ha generado dentro de los ciudadanos.
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Con la reforma al Congreso se buscan modificar algunas costumbres parlamentarias que la ciudadanía rechaza.
Diego Caucayo. EL TIEMPO
Un tercer punto es “el otorgamiento y la aceptación de prebendas burocráticas como contraprestación a la votación” de los legisladores, vicio que se hace evidente en el trámite de normas de carácter económico y tributario. Y, finalmente, la limitación de periodos para los congresistas.
En el mes que lleva de sesiones el nuevo Congreso ha habido una lluvia de proyectos que buscan acabar con varias de estas anomalías que tanto critica la mayoría de los ciudadanos y que, según lo anunciado por Cepeda, serán objeto de estudio en esta mesa multipartidista.
La gran incógnita es hasta qué punto el mecanismo de la concertación, el cual es novedoso para el trámite de esta clase de autorreformas, llevará a que tengan éxito.
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Los costos
Uno de los primeros temas de análisis para emprender tales modificaciones son los costos que les representan los congresistas a los ciudadanos. Según una investigación de EL TIEMPO de hace algunos meses, cada uno de los 295 legisladores les cuesta a los colombianos más de 95 millones de pesos mensualmente. Esto significa que son más de 28.000 millones de pesos al mes.
En estas cuentas están contenidos los salarios –que con el último reajuste superan los 35 millones de pesos–, sus equipos de trabajo, los vehículos, los tiquetes aéreos y hasta un seguro de vida que les paga el erario.
Estos costos hacen que los congresistas colombianos estén entre los que mejor remunerados de la región, según lo documentó un estudio publicado este viernes por el diario El País, de España.
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“Teniendo en cuenta el nivel de vida de cada país, Colombia tiene a los congresistas mejor pagados de las democracias de América Latina, y también a los que más ganan respecto al resto de la población”, concluye la investigación del periódico.
Esto es tan solo una muestra de la necesidad de que el Congreso se autorreforme, más en tiempos en los que el nuevo gobierno ha anunciado una lucha frontal contra la inequidad y la implementación de subsidios y programas sociales para atender a los menos favorecidos.
Antecedentes
Antes de proponerse la mesa de concertación multipartidista de la que habló Cepeda, han sido varios los intentos para lograr la aprobación de las autorreformas en el Legislativo, los cuales, en prácticamente todos los casos, han fracasado.
En cuanto a la remuneración de los congresistas, el tema tal vez más espinoso, se han ensayado varias propuestas y ninguna ha tenido éxito. En el pasado se propuso el congelamiento, la reducción y hasta la renuncia de los legisladores a una parte de su salario y ninguna ha convencido a las mayorías. Algunos, incluso, han llegado a insinuar que el salario que devengan es insuficiente, lo que ha enardecido aún más a la opinión pública.
A finales de 2018, la Comisión Primera de la Cámara protagonizó uno de los hechos más bochornosos en la historia del Congreso, cuando 36 de los 38 integrantes de esta célula legislativa se declararon impedidos para votar un proyecto que proponía congelar la remuneración parlamentaria.
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La actual Comisión Primera del Senado está integrada es presidida por Fabio Amín y la vicepresidenta Aída Marina Quilcué.
Quienes siguieron esa sesión vieron a los representantes saliendo uno detrás del otro hasta que se disolvió el quorum decisorio y la iniciativa se quedó sin congresistas para ser votada.
Otros han dicho que no pueden votar proyectos que reduzcan sus salarios porque incurrirían en un conflicto de interés, lo cual ha sido desmentido con varios pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre los alcances de esta salvedad. O la otra salida que han utilizado las mayorías es dejar que estas iniciativas lleguen al límite para ser aprobadas y argumentar que se hundieron por falta de tiempo para discusión y votación.
Un elemento más que influye en la discusión es que, según las normas, del monto del sueldo de los congresistas depende la remuneración de los altos servidores del Estado, lo que hace que estas autorreformas no solo afecten a los legisladores.
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Ausentismo
Otro de los males que critica la gente es el ausentismo, práctica a la que acuden varios legisladores cuando no quieren votar un determinado proyecto o reforma constitucional. Este vicio se incrementa en los debates de control político, al final de los cuales son pocos los congresistas que quedan en los recintos de Senado y Cámara.
En los últimos años han fracasado –al menos– dos proyectos de reforma constitucional que han intentado castigar tal problemática. Uno lo presentó el excongresista del Centro Democrático Alfredo Ramos, en agosto de 2017. La iniciativa proponía multas y el no pago de salarios para los ausentistas. Sin embargo, no hubo avances.
Y hace un año, en agosto de 2021, Colombia Justa Libres propuso que una de las causales de pérdida de investidura fuera la inasistencia de los legisladores a tres sesiones. Hoy esta sanción está contemplada cuando el congresista se ausenta en seis sesiones sin excusa justificada. La reforma no tuvo éxito.
Para el analista político y académico de la Universidad Externado Jaime Duarte, este tipo de autorreformas no son sencillas y, en muchos casos, buscan es “captar la atención de los medios y que estos les sigan la pista a los congresistas que las proponen y les hagan entrevistas”.
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Duarte cree que el camino de la concertación podría funcionar siempre y cuando haya acuerdos entre todas las fuerzas políticas y el Gobierno o haya “reformas profundas a través de una Constituyente”.
La experta en temas políticos Patricia Muñoz afirmó que la idea de la mesa de concertación multipartidista para estas autorreformas “es válida” y que “toda iniciativa” que esté orientada a “generar un espacio de diálogo y concertación” es un “esfuerzo bienvenido”.
Muñoz agregó que estas autorreformas han sido “difíciles de aprobar” y que “son complejas por la resistencia que los congresistas han venido construyendo por los beneficios que dejarían de recibir”.
Así las cosas, el país espera que esta idea de la concertación no se quede solo en buenas intenciones y que el Congreso retome la credibilidad perdida ante los ciudadanos.
JUAN FRANCISCO VALBUENA
En Twitter: @juanfvalbuena
REDACCIÓN POLÍTICA