Preocupada se mostró la Defensoría del Pueblo por la “continuidad de los hechos de violencia” que se registra en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en los municipios de Soledad y Malambo.
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“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando”, señaló el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
De acuerdo con el vocero, esto se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Así presenta como ejemplo el aumento de los homicidios del 25 por ciento y de las extorsiones, con un 128 por ciento.
Estos últimos casos recaen, entre otros sectores de la población, a comerciantes y conductores de buses, quienes precisamente realizaron esta semana paralizaron el transporte de Barranquilla y parte del Atlántico por esta problemática y asesinatos.
La Defensoría del Pueblo recordó que, desde el 13 de agosto de 2020, el Sistema de Alertas Tempranas advirtió sobre homicidios, algunos de estos utilizando estrategias para generar terror como homicidios.
Las estrategias de violencia de las estructuras criminales
En el seguimiento llevado a cabo, se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional
Asimismo, se registraron desplazamientos forzados de carácter individual y masivo, desapariciones forzadas, violencias en razón de género en contra de mujeres, niñas y población con orientación sexual e identidad de género diversas, extorsiones, restricciones a la movilidad, uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas.
En el documento, identificaron que en Barranquilla y otros municipios existen estructuras criminales como Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, el Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y las AGC o Clan del Golfo.
“Nos preocupa sobre todo la situación en Barranquilla, Malambo y Soledad, pues, aunque la alerta contiene una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo, en el seguimiento llevado a cabo, se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional”, dijo Camargo.
El panorama reflejado en el paro de transportadores
Entre otras consecuencias, añadió el defensor, se presenta la situación que se está viviendo: tres conductores asesinados en menos de ocho días, paro de transportadores y circulación de panfletos.
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El defensor Camargo solicitó a las autoridades hacer frente a la situación y garantizar los derechos de las comunidades, así como adelantar acciones para proteger la vida e integridad de los habitantes del área metropolitana de Barranquilla y del Atlántico.
“Hacemos un llamado para que las medidas que se adopten tengan en cuenta la integralidad y complejidad del problema, para que se tomen medidas de fondo, incluyendo la implementación de políticas sociales”, finalizó el Defensor del Pueblo.
BARRANQUILLA
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