Las cifras del último Reporte de Inclusión Financiera revelan razones para ser optimistas y una agenda de retos futuros. Un resumen del camino recorrido.
En 1864 los Estados Unidos de Colombia, así se llamaba el país entonces, tenían unas finanzas públicas tan precarias, que la creación de un sistema financiero era un requisito para la consolidación institucional. Así se concibió la Ley 27 de ese año, la cual autorizó la apertura del Banco de Londres, México y Sudamérica, nuestro primer banco.
Esta Ley estableció, además, la primera meta de inclusión financiera de nuestra historia. La entidad debía abrir sucursales en los nueve estados soberanos (hoy departamentos) del país. Así se reconocía la importancia de los puntos físicos para que los servicios financieros llegarán a la población. Infortunadamente, ese banco duró poco y solo llegó a Bogotá. La travesía apenas iniciaba y sería a través de caminos de herradura.
Luego de 142 años de aciertos, desaciertos y muchos aprendizajes, en 2006, se contaba con al menos una sucursal bancaria por departamento, pero la red aún no llegaba a tres de cada diez municipios del país. Por esta razón y con el objetivo de promover el acceso al crédito y a los servicios financieros formales, ese mismo año se estructuró la política pública de Banca de las Oportunidades, la cual pretendía alinear actores del Gobierno y privados. Así se impulsaron cambios de enfoque de la supervisión, mejoras regulatorias, indicadores de medición y la creación de una red microcrediticia para acompañar la iniciativa.
La senda de la inclusión financiera
Llegar a todos los municipios del país fue la primera tarea y los corresponsales bancarios, creados también en 2006, el canal escogido para adelantarla. Pese a las dificultades propias de las innovaciones y que aún persisten espacios de mejora, en 2015 se logró el cometido inicial. Cerrando 2021 ya había 394.728 contratos de corresponsalía, de los cuales más de 1.118 eran móviles o digitales, es decir, pertenecen a un nuevo esquema que no requiere de un punto fijo para generar su oferta de valor.
Mientras la cobertura se expandía germinaron opciones inimaginables en otras épocas. Ejemplo de ello fueron los depósitos electrónicos (concebidos desde el sector privado) o las cuentas de ahorro de trámite simplificado. Estos se empezaron a gestar hace más de una década y respondieron cuando el Gobierno dispersó subsidios durante la pandemia. Para 2021 había 21,1 millones de colombianos con al menos una de estas alternativas, también conocidas como billeteras electrónicas, 4,4 millones más que en 2020.
Y esa mayor digitalización también se ve reflejada en las más de mil millones de transacciones desde dispositivos móviles de 2021, un crecimiento de 71% frente al año anterior. Cada vez será más inusual visitar las sucursales bancarias que tanto preocupaban a quienes legislaron en favor de la creación de nuestro primer banco.
Gracias a estos motores de cobertura y digitales, así como el incansable trabajo de funcionarios de entidades financieras, 33,5 millones de adultos accedían al sistema financiero en 2021, según cifras del más reciente Reporte de Inclusión Financiera. Por ello, la razón entre quienes tenían un producto de depósito o crédito sobre el total de la población adulta pasó de 64,6% en 2011 a 90,5% en el último año. Paulatinamente se ha abierto el sendero de la inclusión financiera.
Retos que deja el Reporte de Inclusión Financiera
En este entorno de logros quedan sombras. Una de ellas relativa a los migrantes venezolanos, población que en diciembre tenía 501.234 productos financieros. Ya existen metas puntuales para este grupo poblacional y próximamente contarán con un proceso de vinculación expedita al sistema financiero. El impulso del Presidente Iván Duque y las acciones de Migración Colombia han sido fundamentales.
Otro reto está asociado a que, pese a que el porcentaje de adultos con productos activos pasó de 66% en 2017 a 74,8% en 2021, aún hay 5,8 millones de personas que hace más de seis meses dejaron de utilizar su cuenta.
El acceso al crédito, especialmente de las mujeres, es otra asignatura pendiente. En diciembre solo 34 de cada 100 colombianos tenían uno vigente. En este indicador no se pretende llegar al 100%, porque no todas las personas están interesadas en contraer deudas, pero si es deseable que la autopista del emprendimiento esté pavimentada con el asfalto del financiamiento formal y no con el camino de herradura del gota a gota.
El desarrollo de los seguros inclusivos, la conectividad, las brechas entre zonas urbanas y rurales y la aceleración de la transformación digital del sector financiero son otros asuntos que deben seguir en el radar. Estos esfuerzos van de la mano con la mejora continua de información que permita focalizar intervenciones.
Mientras se avanza en esta agenda, no está de más reiterar que son muchos los avances de un país que no deja de buscar, así como en los tiempos del Banco de Londres, México y Sudamérica, que los servicios financieros lleguen a todas partes. La articulación y el trabajo de bancos, cooperativas, ONG microcrediticias, aseguradoras, empresas Fintech, SEDPES, compañías de financiamiento, gremios, cooperantes internacionales, superintendencias, Banco de la República, la Unidad de Regulación Financiera y otras entidades públicas, han sido y seguirán siendo esenciales para seguir asfaltando el camino de la construcción de equidad a partir de la prestación de servicios financieros.
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