“Cartagena está perdiendo entre 0,5 y 5 metros de playa, y eso es gravísimo, con cada metro de playa que se pierde, pierde el sector turismos y pierden los cartageneros”. La advertencia la hizo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien caminó las obras para la Protección Costera de la ciudad y denunció que las mismas están paralizadas.
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Lo que no advirtió la Procuradora es que las obras -que tienen como fin enfrentar la erosión costera, proteger la ciudad contra los embates irreversibles del cambio climático y evitar que se inunden el Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande– pasan por su mayor crisis en todos sus frentes y cada día de parálisis cuesta una millonada.
Las obras deberían haber culminado
en febrero del 2023, es decir ya
en la parte norte de la playa se formó un escalón que, según la empresa contratista que ejecutó, es un efecto normal que la misma naturaleza corregirá…
Los costos iniciales de 160 mil millones de pesos (100 mil que aportó la nación y 60 mil millones que desembolsilló la ciudad) se elevan con el paso de los días.
Las obras para la Protección Costera para Cartagena de Indias arrancaron en diciembre de 2021, con la construcción de la protección marginal, y debían haber culminado en febrero del 2023. Es decir ya.
El proyecto es responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) y tiene tres frentes de obra. Todos están estancados:
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La construcción de seis espolones -se han construido tres-, el cinturón en rocas y escolleras; el relleno de arena para la ampliación y construcción de playas está paralizado; y el sistema de drenajes que permitirá que las aguas lluvias evacuen hacia el mar y no inunden la zona turística de Bocagrande que avanza a paso lento.
Playa 5 tendría errores en el diseño
La protección costera se convirtió en un problema para los trabajadores de playas, hoy tenemos cerradas las playas 4 y 5. Tenemos más de 10 meses sin poder trabajar
Playa 5, la primera obra entregada, el pasado 5 de noviembre, presenta problemas técnicos, y la Dirección General Marítima (Dimar), aún no da visto bueno para que sea habilitada para bañistas y los trabajadores que se ganan la vida en la playa.
Y aquí está el primer nudo que impide el curso de cronogramas: “La obra fue entregada en noviembre y fue recibida por las autoridades, pero el proceso de evaluación de la Dimar para determinar si son o no seguras las playas para bañistas no ha sido entregado. Además, en la parte norte de la playa se formó un escalón que, según la empresa contratista que ejecutó, es un efecto normal que la misma naturaleza corregirá. Pero hasta que esa playa no sea abierta no podemos continuar con trabajos en las otras playas”, señala el ingeniero Juan Carlos Monzón, director de la obra del consorcio Proplaya.
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Las compensaciones a trabajadores de playas
Tanto las empresa contratista (Proplaya) como la interventoría han pedido reajuste de precios
Los trabajadores de las playas (carperos, cocteleros, masajistas, vendedores, así como pescadores de la zona de influencia del proyecto) deben ser compensados económicamente por el Gobierno, a través de la UNGRD.
Pese a que ya han recibido más de 2.197 millones de pesos durante el 2022, no están satisfechos con los censos y han protagonizado protestas que impiden la ejecución de obras. Tienen paralizados varios frentes y cada día aparecen más vendedores que dicen estar afectados por no ejercer sus trabajos en las playas en que hoy hay maquinaria apagada, Montones de piedra y el paso está cerrado por polisombras. Un retrato horrible, pero necesario, de la zona turística fue el que vieron los turistas que llegaron en diciembre y enero.
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“Hemos hecho varias protestas porque la protección costera se convirtió en un problema para los trabajadores de playas, hoy tenemos cerradas las playas 4 y 5. Tenemos más de 10 meses sin poder trabajar. Nos habían dicho que las playas estarían cerradas 3 meses”, señala Éver Luis García, uno de los líderes de los operadores turísticos de Bocagrande.
Además, señala que los censos a estos trabajadores se hicieron en pandemia, cuando la gente estaba encerrada en sus casas, muchos sin celulares, y por lo tanto no fueron incluidos y hoy exigen también compensaciones.
Según la UNGRD, a los vendedores de playa y pescadores les han entregado $ 2.197.664.000. Con estos recursos han pagado compensaciones correspondientes a los meses de julio, agosto octubre y diciembre. Según la entidad, hay un saldo por pagar a estas personas de $241.472.000.
Ha llegado más gente a reclamar compensaciones, pero no hay más plata, y las comunidades responden con bloqueos y protestas.
“En agosto les pagaron a 226 pescadores la suma de $ 957 millones. Mensualmente les pagaron a cerca de 200 vendedores de playa, pero al parecer no todos están incluidos en los censos. Inicialmente fueron censadas 1.600 personas, entre vendedores y pescadores nativos, pero esa cifra se ha ido multiplicando”, sostiene el representante a la Cámara por Bolívar, Fernando Niño.
Proyecto va a debate de control
político en el Congreso
Hay paralización de obras debido a una falta de articulación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y las otras autoridades que hacen parte de unos contratos paralelos…
Y es precisamente este congresista, junto a los representantes Luis Miguel López y Gersel Pérez, miembros de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional, quienes llamaron a un debate de control político, para marzo próximo, a la UNGRD por la parálisis y caos en esta obra, vital para la lucha contra el cambio climático en Cartagena.
“Es el proyecto más grande de protección costera que tiene el país”, enfatiza el ingeniero Monzón.
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Según Proplaya, de los seis espolones que tiene el proyecto ya construyeron tres, pese a que los vendedores de playa tienen frenadas obras. Los drenajes están en ejecución.
Consorcio Proplaya e interventoras exigen revaluar costos de obras
“Hay paralización de obras debido a una falta de articulación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y las otras autoridades que hacen parte de unos contratos paralelos, que tienen que ir de la mano con los diseños originales del proyecto”, señaló Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, el pasado 2 de febrero desde la zona turística de Bocagrande.
Desde el consorcio Proplaya aseguran que cada día de parálisis de obras les representan millonarias pérdidas: tener maquinaria y hombres sin trabajar vale mucho y por ello hoy exigen que el valor inicial del proyecto debe ser revaluado.
“Tanto las empresa contratista (Proplaya) como la interventoría han pedido reajuste de precios. Consultamos a la UNGRD y nos responden que aún están determinando cuales son los mayores costos en la fase uno, y de dónde van a sacar recursos para irrigar al proyecto. Los atrasos y parálisis de obras han afectado los costos, y la última palabra la tienen la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo”, agrega el congresista Niño.
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Fallas de comunicación entre UNGRD y Proplaya
El cambio de funcionarios en la UNGR, con la llegada del nuevo gobierno, cortó la comunicación, dicen en Proplaya. Solo hasta hace dos semanas tuvieron el primer comité técnico de las empresas que ejecutan las obras y la UNGR. Este viernes 17 de febrero tendrán la segunda reunión.
En total son ocho empresas (entre interventoras, y expertas en mediciones) las que están metidas en el proyecto en diferentes áreas, pero Proplaya es la empresa que desarrolla las obras.
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Mientras tanto, la zona turística de la ciudad es un caos en materia de movilidad. Polisombras, maquinaria estacionada y trancones monumentales. Solo resta tener paciencia y esperar que el gobierno de Gustavo Petro destrabe el proyecto… inyectando más recursos.
John Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena
En Twitter: @PilotodeCometas
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