“Han intentado asesinarme hoy” esta frase la pronunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018 cuando en un evento en la avenida Bolívar de Caracas, un dron con explosivos detonó frente a la tribuna presidencial.
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Ahora, cuatro años después, 17 personas han sido sentenciadas y además Venezuela reclama a Colombia la extradición del exrepresentante de Juan Guaidó, Julio Borges .
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió en plenaria del hemiciclo de sesiones que “Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración,Julio Borges”. Estas declaraciones causan incertidumbre entre los opositores aliados o exaliados del gobierno interino de Guaidó, que desde 2019 viven en Bogotá.
Para Rodríguez, es imposible “descansar hasta que paguen todos los involucrados” en lo que fue calificado como magnicidio en grado de frustración y que en los tribunales venezolanos concluyó con la condena a ocho años de cárcel para el exdiputado Juan Requesens, una de las figuras más emblemáticas del caso. El resto de los involucrados tienen penas de hasta 30 años.
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Guaidó nombró en 2019 a Borges (foto) como comisionado para las Relaciones Exteriores.
Raúl Arboleda. AFP
Ese 4 de agosto de 2018, Maduro aseguraba que la ultraderecha colombiana y venezolana estaban detrás del atentado que quedó registrado en la televisión porque era una transmisión en vivo del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
Desde entonces ha reclamado a Bogotá la entrega de Borges, quien fungía como representante diplomático de Guaidó durante el gobierno de Iván Duque, quien hizo caso omiso a los llamados.
Pero la realidad cambia este 7 de agosto y los opositores en Bogotá sienten “incertidumbre” con respecto a su situación. Algunos han pensando irse a otro país porque creen que el presidente Gustavo Petro no tendrá el mismo tratamiento que Duque, además, sabiendo que las relaciones entre ambos países comenzarán una nueva etapa de acercamiento, están conscientes que no contarán con los mismos beneficios.
Desde el anonimato, un opositor confesó a EL TIEMPO, que el mayor temor es que “la inteligencia venezolana haga extradiciones forzadas”, esto refiriéndose a la posible presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Colombia.
Ante las acusaciones del presidente del Parlamento venezolano, este diario intentó establecer contacto con Julio Borges, pero fue imposible.
Por su parte, Eduardo Battistini, quien se encargó de la embajada venezolana en Colombia, en representación de Guaidó y en sustitución de Borges, aseguró a EL TIEMPO, que no cuestionan la decisión de Petro de restablecer relaciones pero que piden se mantenga “un canal de comunicación” para atender a los migrantes venezolanos.
Battistini recordó que regularizar a los migrantes es necesario y que con la mediación de la embajada del gobierno interino se logró la certificación de más de 67.000 títulos universitarios de venezolanos en Colombia. “No me iré de Colombia porque debemos seguir acompañando y ayudando a nuestros migrantes que suman más de 2 millones”.
“Yo tomo la palabra de Gustavo Petro que dijo que no nos iba a perseguir”, recalcó Battistini, recordando que el nuevo presidente conoce de cerca la defensa de los Derechos Humanos e incluso reclamó a Hugo Chávez cuando abandonó el Sistema Interamericano de Justicia.
Además de Borges, Venezuela también ha solicitado a Estados Unidos la extradición del empresario Osman Alexis Delgado Tabosky, acusado de financiar el atentado contra Nicolás Maduro.
ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
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