El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, junto con el presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carlos García Montes, anunció la suspensión de la adjudicación de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique hasta el próximo 12 de septiembre de 2022.
Lo anterior con el fin de abrir espacios de diálogo con las habitantes de las zonas de influencia del proyecto, así como atender un nuevo oficio de advertencias de la Contraloría General de la República y de una comunicación recibida de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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“Para el Gobierno del Presidente Gustavo Petro es fundamental escuchar las preocupaciones que tienen las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique en sus diferentes componentes. Y serán clave los aportes que las y los colombianos deseen hacer con relación al proceso durante estos espacios”, señaló el nuevo funcionario, quien se posesionó este jueves.
Así, las mesas de diálogo y socialización contarán con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de adjudicación del Canal del Dique, conformada por nueve integrantes de la Cámara de Representantes.
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El Canal del Dique tiene una longitud total de 115,5 kilómetros.
Cortesía Cormagdalena
Igualmente, habrá reuniones con autoridades locales, gremios y actores relevantes para este megaproyecto fluvial que busca recuperar los ecosistemas degradados, pero también mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región caribe ante fenómenos climáticos.
Sobre la JEP, hay que recordar que este martes esta jurisdicción le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del Canal del Dique que adopten protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo de este cuerpo de agua de 110 kilómetros.
Se calcula que allí habrían ocurrido, aproximadamente, unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015.
Sobre las nuevas alertas de la Contraloría, Carlos García dijo que tienen que ver con la vigilancia a la capacidad financiera sobre la firma española Sacyr, único oferente que cumplió con los requisitos de precio, ya que a esta firma la ANI le adjudicó el 5 de agosto el proyecto para la doble calzada Buga-Buenaventura, que hace parte de las concesiones 5G.
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